La Procuraduría fraccionaba procesos de compra para no hacer licitación
Hogla Enecia Pérez
Los procesos de compra en la Procuraduría General de la República se fraccionaron para que no fueran sometidos a licitación pública nacional como lo dispone la ley de compras. Con eso se buscaba adjudicar de manera directa 72 millones de pesos a una empresa vinculada al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a un empleado de la institución, afirma la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la solicitud de medida de coerción contra algunos implicados en la Operación Medusa.
De acuerdo con el documento que consta de 297 páginas, del 2017 al 2020 se identificó que se materializaron cincuenta y cinco pagos a la empresa Productiva SRL, los cuales ascienden a la suma total de 72 millones 750 mil 243 pesos y que para la realización de los pagos se recurrió al fraccionamiento de los procesos mediante el proceso de adjudicación directa y comparación de precios.
Entre los procesos fraccionados que están documentados en la medida figuran la compra de suministros para las fiestas navideñas de empleados para el año 2018 cuando se pagaron 15 millones 342 mil pesos bajo esa modalidad. Lo mismo ocurrió para el año 2019 cuando el monto total ascendió a 16 millones 827 mil pesos.
“Durante la gestión del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se malversaron fondos públicos de la Procuraduría General de la República, sin ningún reparo, utilizando proveedores que guardaban vínculos familiares con la alta gerencia, malgastaron dinero sin control alguno, tal es el caso que para decirle al pueblo dominicano que ampliaría el CCR Najayo y construirían la Nueva Victoria, gastaron más de 8 millones 482 mil 182 pesos, y al igual que en procesos anteriores la beneficiaria del montaje fue la empresa Productiva SRL”, relata la solicitud de coerción.
El Ministerio Público dice que la preferencia por la referida entidad no está basada en su buen o mal servicio sino en sus vínculos directos con el exprocurador. Refiere que la empresa tiene como accionistas a Alexander y Warde Rojas y entre sus socios fundadores se encuentra Tomás Cordero, quien fue nombrado con un sueldo de 75 mil pesos con el cargo de coordinador en la Coordinación Nacional del Nuevo Modelo Penitenciario.
En la instancia se establece que desde la Procuraduría se distrajeron fondos de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con los que, además de “cometer un delito, coloca al país en una vergüenza internacional”.
Refiere que se sobrevaluaron instrumentos de antropología forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) así como también se sobrevaluó y se asignó de manera ilícita la construcción del laboratorio de ADN, con lo que se privó a las investigaciones de los fiscales de la preciada prueba científica.
De igual manera, señala que en la Procuraduría General se crearon nóminas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la institución, se establecieron procesos fraudulentos de compras, se recibió dinero de soborno en bultos que eran llevados a la misma PGR, se destruyeron evidencias en plena transición de Gobierno y se incendiaron documentos institucionales. También se afirma que adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer, en beneficios personales, equipos que son propiedad de la Procuraduría.
Según el expediente, la Procuraduría funcionó como centro de envase y distribución de ron que se utilizaba en campañas políticas y que se utilizó a la PGR como una especie de comando político o centro de operaciones desde donde se dirigía el movimiento político Renovación y las aspiraciones personales, para lo cual se distrajeron cuantiosas cantidades del presupuesto de la Procuraduría para solventar los gastos de equipamiento de local, comida de personal, empleados, materiales gastable, transporte y combustible, entre otros.
Espionaje
La Pepca refiere que el exdirector de tecnología e información de la PGR creó un acceso ilícito en el sistema informático de la Procuraduría utilizando un formato keylogger para el ciberespionaje, con el objetivo de monitorear todo desde cualquier lugar y de manera remota, las computadoras utilizadas en el área administrativa y por los fiscales, para lograr así el control de las informaciones personales y procesos penales, así como también facilitar el borrado de información almacenada en los discos duros.
“Cuando hablamos de la tecnología keylogger nos referimos a una herramienta informática introducida de manera oculta (acceso ilícito) en el sistema operativo de las computadoras, la cual es utilizada para espiar, registrando y almacenando las pulsaciones de los teclados para el robo de contraseñas y control de actividades en el equipo de las víctimas”, señala. l
Hogla Enecia Pérez
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