Poder Judicial rechaza injerencias del Colegio de Abogados por citaciones disciplinarias a jueces
En un comunicado, menciona dos autos del Tribunal Disciplinario del gremio que emplaza a comparecer a jueces ante una jurisdicción gremial
Diario Libre
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) reafirmó este jueves su rol constitucional como órgano exclusivo de administración y disciplina jurisdiccional, al tiempo que rechazó cualquier intento de “usurpación de las facultades exclusivas de este poder del Estado”.
En un comunicado, el CPJ hace la aclaración “a propósito de las citaciones instrumentadas mediante los autos núm. 150/2026 y 028/2026”, que, dice, fueron emitidos por el Tribunal Disciplinario de Honor del Colegio de Abogados de la República Dominicana, mediante los cuales se emplaza a comparecer a jueces ante una jurisdicción gremial.
El CPJ recordó que la independencia judicial no constituye un privilegio de los jueces, sino una garantía esencial del Estado de derecho que protege a toda persona que acude a los tribunales para ser juzgada sin presiones ni injerencias externas.
La institución subrayó que, conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica núm. 28-11, corresponde únicamente al Consejo del Poder Judicial ejercer el control disciplinario sobre jueces, juezas y servidores judiciales, siempre dentro del marco del debido proceso, la separación de poderes y la autonomía funcional de la judicatura.
Asimismo, recordó que la Ley núm. 3-19 regula exclusivamente la prestación de servicios jurídicos de abogados en ejercicio, régimen que no aplica a los jueces, quienes tienen prohibido ejercer la abogacía según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial.
El Consejo reiteró que la potestad disciplinaria judicial debe ejercerse únicamente por los órganos constitucionalmente competentes, en resguardo de la institucionalidad democrática y la separación de poderes.
Advierte de posibles acciones legales
Finalmente, advirtió que se reserva el derecho de emprender las acciones legales y constitucionales necesarias para salvaguardar la independencia judicial y la integridad del sistema de justicia dominicano.
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