Jueces abusan de la prisión preventiva pese a restricciones en el Código Procesal Penal
Los presos preventivos han generado una sobrepoblación en las cárceles del país
Juristas alertan sobre el colapso del sistema penitenciario
Karina Jiménez
A pesar de que el Código Procesal Penal, en su artículo 234, establece que la prisión preventiva debe ser la última opción como medida de coerción, en la práctica, esta sigue siendo la más aplicada en el país.
Según datos revelados el pasado 5 de marzo por la procuradora fiscal titular, Rosalba Ramos, en su rendición de cuentas, en 2024 la Fiscalía del Distrito Nacional utilizó esta medida de manera predominante.
El artículo 234 de la legislación procesal penal establece que la prisión preventiva solo debe imponerse cuando otras medidas, como la presentación periódica, el uso de localizadores electrónicos, la vigilancia institucional o una garantía económica, no sean suficientes para evitar la fuga del imputado.
Asimismo, prohíbe su aplicación a personas mayores de 60 años si la condena no supera los cinco años de privación de libertad, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y a personas con enfermedades graves o terminales.
Un sistema penitenciario sobrecargado
Las cifras evidencian la magnitud del problema: en el nuevo modelo penitenciario, el pasado año cerca de16,000 personas se encontraban privadas de libertad sin haber recibido condena. Esta realidad ha generado una crisis de sobrepoblación en las cárceles y pone en entredicho la correcta aplicación del Código Procesal Penal.
Los abogados Cándido Simón Polanco y Waldo Paulino señalan directamente al Ministerio Público y a los jueces como los responsables de esta situación.
Paulino considera que la institución ha violado el principio de objetividad establecido en el artículo 260 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los fiscales a analizar tanto las pruebas que inculpan como las que exculpan a los imputados.
"En casos grandes, medianos o pequeños, el Ministerio Público siempre solicita prisión preventiva, faltando así a este principio de objetividad. Esto no solo lo establece el Código Procesal Penal, sino también la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 15", se quejó Paulino.
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El togado también cuestionó la falta de aplicación de otras medidas de coerción menos gravosas, a pesar de que la normativa procesal penal ordena a los jueces combinar dichas medidas en los procesos judiciales.
"El Código llama a los jueces a usar otras medidas, pero el Ministerio Público insiste solo en la prisión preventiva. Esto provoca que miles de personas esperen juicio en condiciones carcelarias sin una sentencia firme", enfatizó el abogado.
Prisión preventiva: una pena anticipada
Uno de los principales problemas de la prisión preventiva es que, en muchos casos, se extiende por más tiempo del permitido.
Según el Código Procesal Penal, esta medida no debe superar los 12 meses, a menos que el caso sea declarado complejo que se aplicaría 18 meses. Sin embargo, la realidad es distinta, lo que ha contribuido al hacinamiento carcelario.
Por su parte, Cándido Simón advirtió sobre el colapso del sistema penitenciario, asegurando que la combinación de presos preventivos con condenados representa un grave retroceso para el sistema judicial nacional.
"Estamos asistiendo al desmonte del Nuevo Modelo Penitenciario y a una sobrecarga de los presos sin condena, lo que lleva al fracaso del Sistema Procesal Penal instaurado en 2004", sostuvo Simón.
El jurista también resaltó el papel de los jueces en este fenómeno, ya que estos dictan prisión preventiva en la mayoría de los casos, en respuesta a las solicitudes del Ministerio Público.
"El Ministerio Público marca el curso del proceso desde la imputación. Esto evidencia que la comunidad jurídica penal no ha comprendido los beneficios de investigar primero y arrestar después", explicó el abogado.
¿Cómo solucionar el problema?
Investigar antes de procesar
Acusar sin solicitar prisión preventiva
Que la Procuraduría General de la República retome el control de las cárceles del país y el Nuevo Modelo Penitenciario
El abogado expresó su confianza en que estos cambios puedan materializarse con la nueva procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, debido a su experiencia previa en la Fiscalía de Santiago y en el Distrito Nacional.
"Espero que ponga esa experiencia al servicio de la Procuraduría General de la República, porque tiene el conocimiento y el carácter para hacerlo", concluyó Simón.
Mientras tanto, el debate sobre la aplicación de la prisión preventiva sigue en la palestra, en un contexto donde miles de personas permanecen privadas de libertad sin condena y el sistema penitenciario enfrenta una crisis de sobrepoblación y falta de recursos.
Karina JiménezLicenciada en Comunicación Social, con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa. Es relacionista pública y community manager. Su especialidad es el periodismo de entretenimiento.
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