Imputados en estafas inmobiliarias enfrentarían penas de sólo dos años
De probárseles únicamente ese delito, esa sería la sanción que pesaría sobre los encartados
Marisol Aquino
El Código Penal dominicano, vigente desde hace más de 140 años, sanciona la estafa con penas correccionales de seis meses a dos años de prisión y “multa de veinte a doscientos pesos”, las que enfrentarían, de sólo ser hallados culpables por ese delito los imputados en los ya frecuentes casos de estafas inmobiliarias.
Los encartados en los últimos importantes casos por engañar con la falsa promesa de ventas de bienes inmuebles también afrontan la acusación de lavado de activos, que para algunos expertos en Derecho es difícil de perseguir y de demostrar por el Ministerio Público, pero que, de ser probado, agravaría la pena, porque contempla hasta veinte años de cárcel.
La estafa es uno de los delitos que los fallidos proyectos de leyes de modificación al Código Penal incluyen aumentarle la pena y en los que la sociedad dominicana no ha logrado ponerse de acuerdo en más de treinta años de discusión en el Congreso Nacional. Es por eso que, en diciembre, el presidente Luis Abinader agregó en su proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, agravar el castigo actual a la estafa con hasta diez años de cárcel. La pieza no ha vuelto a mencionarse desde entonces.
Actualizar la pena
El abogado Robinson Reyes dijo que hay que aumentar el peso de la ley al delito del timo a fin de disuadir a quienes incurren en él. De hecho, Reyes se fue más lejos y consideró pocos los diez años que propone el mandatario. Entiende que quienes estafen a menores de 18 años y a envejecientes, que muchas veces todos sus ahorros lo incluyen en la compra de una vivienda que al final no existe, deben ser severamente castigado por la ley.
De la misma manera se expresó el también abogado José Alberto Ortiz, porque, “dos años es una pena que no desincentiva el delito”. Sin embargo, dice que hay que terminar con los “retazos” que se le hacen al Código Penal.
Por la deuda de un actualizado Código Penal, el país ha aprobado leyes especiales para endurecer las penas de crímenes como el homicidio y el terrorismo. Por ejemplo, la Ley 631-16 de Armas, contempla 40 años en los casos de homicidios en los que se utilizan armas ilegales; así como la Ley 267-08, de terrorismo, que igualmente establece sanciones de 40 años por ese crimen. En el Código Penal vigente, que data de 1884, la pena máxima es de 30 años. Reyes dijo que la estafa agravada con la vieja ley llega a un máximo de cinco años cuando se falsifican documentos públicos y cuando las víctimas son personas envejecientes u otras personas de cierta vulnerabilidad.
La señalada como líder de la red que estafó con 18 millones de dólares a al menos 122 personas con la supuesta venta de lujosos proyectos inmobiliarios en la región este del país, fue arrestada en Colombia, próximo a la zona fronteriza con Venezuela.
Según informó la Procuraduría General, el arresto de Loany Lismeiry Ortiz Nova se ejecutó en la ciudad de San José de Cúcuta, Santander, en Colombia, nación a la que llegó el 13 de noviembre.
“Presuntamente retornaría al país el 19 de noviembre de 2024, sin embargo, para evadir el proceso penal en su contra, no regresó a territorio dominicano”. Se solicitará su extradición.
Marisol Aquino
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