Infraestructuras indignas y brechas salariales: una radiografía del sistema judicial dominicano
La precariedad que atraviesan las fiscalías y recintos judiciales, especialmente las del Gran Santo Domingo, se refleja en cada pasillo, ventana, puerta y rostro de quienes acuden
Karina Jiménez
El sistema de justicia dominicano está en crisis, y esto no solo afecta a quienes trabajan en él, como jueces, fiscales y abogados, sino también a las víctimas y victimarios que dependen de un sistema eficiente que garantice sus derechos.
La precariedad que atraviesan las fiscalías y palacios de justicia, especialmente las del Gran Santo Domingo, se refleja en cada pasillo, ventana, puerta y rostro de quienes acuden, hambrientos y sedientos de justicia.
La mora judicial afecta gravemente a jurisdicciones críticas, como la penal, donde el 44 % de los tribunales presentan atrasos. Según el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, el sistema penal representa el 48 % de los casos judiciales del país. La transformación de esta área es un reto urgente que enfrenta múltiples barreras y limitaciones estructurales.
“Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, expresó Molina durante el acto conmemorativo por el Día del Poder Judicial, el pasado 8 de enero.
En busca de una salida a esta situación, la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) ha levantado la voz. Desde hace meses, esta institución ha alertado sobre las condiciones laborales de jueces y fiscales, así como las múltiples deficiencias en infraestructura que afectan el acceso a una justicia efectiva.
Desigualdad salarial y derechos incumplidos
Una de las principales críticas de los fiscales se centra en la abismal diferencia salarial entre jueces y fiscales, una situación que contraviene la ley que ordena la igualdad o competitividad salarial dentro del sistema judicial. Además, los fiscales carecen de un fondo de pensiones y un plan de retiro, derechos establecidos en la legislación, pero nunca implementados.
Francisco Rodríguez, coordinador ejecutivo de Fiscaldom, subraya que, desde 2011, la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 133) ha otorgado derechos a los fiscales que no se han cumplido, con la excepción de los bonos anuales. Rodríguez califica esto como una deuda histórica reconocida incluso por la procuradora general, Miriam Germán.
El salario de un juez en República Dominicana varía según su nivel y antigüedad, y oscila entre 125,000.00 pesos y 289,843.75 pesos. En abril de 2024, se hizo un aumento al sueldo de los fiscales en el país, pasando de 70,000 pesos a 90,000.00 pesos. Además, reciben un 10 % adicional de su salario por combustible y dos bonos anuales.
Condiciones deplorables en la infraestructura judicial
En el Gran Santo Domingo, muchas fiscalías operan en condiciones indignas. Un ejemplo evidente es la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, ubicada en la avenida Charles de Gaulle, donde los jueces de instrucción realizan sus funciones en furgones. Esta situación también se observa en el Juzgado Municipal de Santo Domingo Norte, donde las audiencias de medidas de coerción se celebran en instalaciones similares.
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, ubicada en Los Mameyes, tampoco presenta mejoras. Este edificio, adaptado de los antiguos tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene graves problemas de espacio e infraestructura. Las escaleras metálicas y estrechas representan un riesgo para la seguridad de los implicados, víctimas, abogados, jueces y fiscales. Las salas son tan pequeñas que apenas pueden albergar a 20 personas durante las audiencias públicas.
“A veces una viene con imputados que tienen condiciones que les impiden subir escaleras y las condiciones no están prestas para que puedan subir a las salas de audiencias y hay que cargarlos y se torna incómodo subirlos porque se maltratan como seres humanos”, denunció el abogado Álamo Cabrera, defensor de los Derechos Humanos, quien hizo un llamado a resolver la situación.
En la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, ubicada en Los Mameyes el panorama no mejora. Este edificio, adaptado de los antiguos tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes, presenta graves problemas de espacio e infraestructura. Las escaleras metálicas y estrechas ponen en riesgo la seguridad de los implicados, víctimas, abogados, jueces y fiscales, y las salas son tan pequeñas que apenas pueden albergar a 20 personas durante audiencias públicas.
Hacinamiento y condiciones insalubres
En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, las condiciones también son preocupantes. Los baños están en mal estado y emiten olores desagradables que invaden los pasillos. El ascensor ha estado fuera de servicio durante años, dejando sin opciones a las personas con movilidad reducida.
“Imagínese usted, no se puede realizar una labor de calidad con un sistema de justicia basado en la poca eficacia de sus instalaciones”, criticó Rodríguez.
En otras fiscalías, la falta de agua y aire acondicionado convierte las audiencias en experiencias insoportables. Además, el equipamiento tecnológico es insuficiente y obsoleto, lo que dificulta aún más el trabajo de jueces y fiscales.
La precariedad afecta incluso a los periodistas, quienes enfrentan dificultades para cubrir casos debido a la falta de espacios habilitados. “En la única fiscalía que existe una sala de prensa es en la del Distrito Nacional; en las demás debemos arreglárnoslas como podamos”, comentó un periodista bajo anonimato.
Origen del problema
El problema de fondo es el incumplimiento de la Ley 194-04 de Asignación Presupuestaria, que establece un 1.44 % del presupuesto nacional para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según Rodríguez, este último apenas recibe un 0.86 %, lo que limita gravemente su capacidad para desarrollar planes, mejorar infraestructuras y garantizar una justicia eficiente.
“El Ministerio Público está dispuesto a asumir las cargas del sistema de prisiones y del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), pero necesita los recursos para hacerlo”, afirmó Rodríguez.
Diferencia salarial pendiente de análisis
De acuerdo con la escala salarial actual, un juez de paz devenga entre 125,000 y 156,250 pesos, además de un 8 % del salario en combustible y otro 8 % en gastos de representación. En contraste, un fiscalizador recibe 90,000 pesos, más 9,000 pesos de combustible.
Un juez de primera instancia tiene un salario entre 165,625 y 207,031.25 pesos, más 8 % de combustible y 8 % en gastos de representación, frente a los 125,000 pesos y 12,000 pesos de combustible de un procurador fiscal.
Asimismo, un juez de corte percibe entre 231,875 y 289,843.75 pesos, más 8 % en combustible y 10 % en gastos de representación. En comparación, un procurador de corte recibe 170,000 pesos, más 17,000 pesos de combustible.
Fiscalías en el Gran Santo Domingo
- Fiscalía de Santo Domingo Este
- Fiscalía de Santo Domingo Oeste
- Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional
- Fiscalía Comunitaria Barrial, ensanche La Paz
- Fiscalía Barrial, Zona Colonial
- Fiscalía Violencia de Género
- Procuraduría Fiscal Santo Domingo Este
- Procuraduría General Administrativa
- Procuraduría Fiscal Niños, Niñas y Adolescente
Karina JiménezLicenciada en Comunicación Social, con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa. Es relacionista pública y community manager. Su especialidad es el periodismo de entretenimiento.
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