Abogada de Hugo Beras: "En este caso hay intereses sumamente grandes"
El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva contra el exdirector del Intrant como medida de coerción
Laura Acosta, miembro de la barra de la defensa de Hugo Beras, enviado este jueves a la cárcel de Najayo a cumplir 18 meses de prisión preventiva por el supuesto fraude en el Intrant, dijo que es evidente que en este caso hay "interés sumamente grandes" que escapan a su defendido y a sus abogados.
La abogada litigantes manifestó al salir de la sala de audiencias que, aunque respetan la decisión, no la comparten, por lo que van a recurrir en apelación.
Consideró que Hugo Beras es un "chivo expiatorio" en esta alegada trama.
"Esto es un golpe duro ahora, pero él no tiene por qué bajar la cabeza, porque no tiene nada de qué reprocharse desde el punto de vista penal", afirmó la jurista.
Hugo Beras se vio con mirada triste y perdida al salir del tribunal en medio de un mar de cámaras y micrófonos de los distintos medios de comunicación presentes.
La medida
La prisión preventiva como medida de coerción fue impuesta a Beras; a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S y Transcore Latam, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, imputados en la Operación Camaleón .
Mientras que para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, la jueza Fátima Veloz dispuso arresto domiciliario y presentación periódica.
Por su parte los imputados Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas recibieron una garantía económica como medida cautelar.
La investigación del Ministerio Público por este caso, que la ha denominado bajo la operación Camaleón, se centra en una supuesta red de corrupción relacionada con una licitación para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, que adjudicó más de 1,317 millones de pesos a la empresa Transcore Latam, de Jochi Gómez.
Las alegadas irregularidades incluyen acusaciones de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
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