Expertos legales debaten en coloquio sobre “Protección de datos y libertad de expresión”
El encuentro contó con la participación del magistrado del TC, Manuel Ulises Bonnelly Vega, la maestra María del Pilar Zuleta y el abogado Daniel Suárez.
Diario Libre
El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Centro de Estudios Constitucionales (CEC), y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), organizaron el coloquio “Protección de datos y libertad de expresión”, en el que participaron el magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del CEC; María del Pilar Zuleta, maestra de la PUCMM, y el abogado Dariel Suárez.
Bonnelly Vega se refirió al derecho al olvido y a los avances en el sistema de administración de justicia, destacando que se trata de un concepto que propugna porque la persona pueda rehabilitarse socialmente por hechos y circunstancias que le imputaron en algún momento y que todavía le perjudican. El juez constitucional resaltó que en el país el tema está muy limitado y mencionó la sentencia TC/0171/20, fallada por el Tribunal Constitucional que, aunque no habla directamente del derecho al olvido, sí aborda la problemática del derecho a la libre información.
Afirmó que en la República Dominicana “deberá labrarse en algún momento una jurisprudencia” sobre el tema, resaltando la importancia de que el “ciudadano tenga más conocimiento sobre las herramientas de que ya dispone en nuestra legislación para poder defender su derecho al olvido”. También destacó que es necesario propiciar acciones populares para concientizar a la ciudadanía sobre el tema.
De su lado, Del Pilar Zuleta señaló la posibilidad de que exista alguna colisión entre el derecho al olvido y el derecho a la libertad de expresión, resaltando que el Parlamento Europeo establece que el interesado tiene derecho a solicitar la rectificación, supresión o limitación de sus datos personales, pero esto no procede cuando colide con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
“Aun las personas que alguna vez fueron condenadas y ya pagaron su deuda con la sociedad, tienen derecho a la anulación de los antecedentes penales, por lo que también les es viable solicitar la desindexación de la información con el hecho cometido”, resaltó.
Mientras que Suárez se refirió a los desafíos que enfrentará el legislador dominicano, entre los que enumera equilibrar la protección de datos personales con la libertad de expresión, además de desarrollar una legislación que proteja adecuadamente a los ciudadanos y que también sea reconocida y respetada en el ámbito internacional. Enumeró los principales aspectos a tomar en cuenta para que las personas puedan ejercer el derecho al olvido de manera efectiva, entre los están establecer un marco legal claro que detalle los procedimientos específicos para eliminar la información personal, tener accesibilidad y eficiencia de los mecanismos de reclamación, y establecer formas de cooperación con las plataformas digitales y los motores de búsqueda.
Los ponentes expusieron sus puntos de vista acerca de los principales aspectos para que las personas puedan ejercer el derecho al olvido de manera adecuada, enfocando diferentes aristas.
Acerca de los coloquios constitucionales
Mayra Zuleica Cabral Brea, directora del CEC y moderadora del encuentro, destacó que los coloquios constitucionales contribuyen con el proceso de formación de una ciudadanía consciente de sus derechos, sus deberes y sus garantías fundamentales, por lo que cuentan con el apoyo del presidente de esta alta corte, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, y de los jueces que integran el Pleno.
El director de la Escuela de Derecho del campus Santiago, Edwin Rafael Espinal Hernández, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida, salutación y lectura de un breve perfil profesional de los expositores. La estudiante meritoria de Derecho de la PUCMM, Rosina Ramírez, redactó y leyó la relatoría del coloquio, con propuestas y reflexiones, y Cabral Brea pronunció las palabras de agradecimiento y el cierre.
A la actividad asistieron estudiantes y docentes de la PUCMM, abogados y colaboradores constitucionales.
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