Adán Cáceres ya salió de la cárcel de Najayo y está en su residencia
El exjefe del Cusep se la varió la medida de coerción y salió la noche del martes 27 de diciembre
Diario Libre
El mayor general Adán Cáceres, acusado de presunta corrupción desde su posición pasada de jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), ya está en su residencia cumpliendo con la prisión domiciliaria, luego ser favorecido con la variación de la medida de coerción juntos a otros involucrados en la Operación Coral.
La salida de Cáceres se produjo la noche del martes, alrededor de las 8:00 y 9:00 p.m., según confirmó su abogado Romer Jiménez. El proceso de salida fue todo bajo perfil, expuso el defensor.
Cáceres fue favorecido con prisión domiciliaria el pasado 6 de diciembre por el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. También se le varió el tipo de arresto al coronel Rafael Núñez de Aza, Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, quienes ya salieron previamente.
Núñez de Aza, pastora Rossy Guzmán y su hijo presentan garantía económica y salen de prisión
Para completar el cambio de prisión preventiva, tanto a Cáceres como a Núñez de Aza se les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mientras que a la Pastora Guzmán y su hijo Flete se le impuso una garantía de 50 millones. Previamente, los abogados habían indicados que los imputados no tenía ese dinero para la fianza.
Además, todos deben usar grilletes electrónicos y tienen impedimento de salida del país.
Al grupo de detenidos en la Operación Coral, puesta en marcha el 24 de abril del 2021 mediante 27 allanamientos en varios puntos del país, se le acusa de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados desarrollaron sus acciones delictivas en el Cusep, desde donde, junto a los detenidos en la Operación Coral 5G, movieron más de RD$4,500 millones en perjuicio del Estado dominicano.
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