Retroceso en causa penal marca 31 años de masacre de jesuitas en El Salvador
EFE
San Salvador, 16 nov (EFE).- El 31 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en El Salvador (1989) se vio marcado este lunes por un retroceso en la causa judicial, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ordenara cerrar el proceso contra los autores intelectuales.
El fallo, emitido a inicios de septiembre y dado a conocer el 29 de octubre pasado, puso freno así a la reapertura del proceso dictado en 2018 y que en 2019 también enfrentaba la amenaza de quedar en la impunidad por una ley de reconciliación nacional estudiada en el Congreso.
El proceso penal, activo en el país por los intentos de un juez español para extraditar a 16 militares retirados, estuvo 18 años inerte por una ley de amnistía de 1993.
Anulada esta ley en 2016 por la Sala de lo Constitucional del Supremo, que mantenía en el olvido judicial todos lo casos de crímenes cometidos en la guerra civil (1980-1992), se esperaba un avance significativo, pero en la mayoría de procesos no ocurrió.
LAS VÍAS ABIERTAS
En el marco de estos 31 años de la matanza, José María Tojeira, principal impulsor de la causa penal, manifestó en un mensaje público que este fallo judicial es un nuevo intento para 'borrar' a los jesuitas de la historia salvadoreña.
No obstante, manifestó que su legado sigue vigente y que la Universidad Centroamericana (UCA), en cuyo campus se perpetró el crimen, seguirá intentando encontrar Justicia.
'No los vamos a olvidar (a los jesuitas), ni siquiera jurídicamente, ni siquiera en el nivel de justicia los vamos a olvidar. Va a seguir la cosa (intentos de reapertura), van a ver', afirmó Tojeira.
También ha recordado al reconocido teólogo Ignacio Ellacuría, asesinado en esta masacre y señaló en alguna ocasión que 'ante la injusticia legalizada no cabe sino una impaciente exigencia y una incansable lucha'.
Son al menos cuatro las vías que se pueden seguir en la lucha por procesar a los supuestos autores intelectuales, entre ellos el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
La primera la ha intentado tomar la Fiscalía salvadoreña al pedir a la Sala de lo Penal que rectifique y cambie su fallo, según ha publicado la misma institución.
Esta solicitud incluiría la recusación de los jueces, para que otros magistrados conozcan el caso y fallen, pero no existe nada que garantice una pronta resolución y el antecedente más próximo indica lo contrario.
Tres militares involucrados presentaron recursos de casación y recusaron a dos jueces de la referida sala. Entre la resolución de ambas peticiones pasó más de un año.
En manos de la UCA estaría presentar un amparo ante la Sala de lo Constitucional por la posible violación del fallo que anuló la ley de amnistía y declaró que el crimen de los jesuitas es de lesa humanidad.
Otra vía posible es que esta misma sala actúe de oficio para anular el cuestionado fallo con una resolución de seguimiento de la anulación de la amnistía.
El cuarto camino sería, si se mantiene el cierre, que la Justicia española reitere las ordenes de captura contra los involucrados, pero su extradición dependería del Supremo, que en dos ocasiones a fallado en contra.
LA COVID Y EL SILENCIO ESTATAL
La pandemia de la covid-19 obligó a las autoridades de la UCA a suspender la tradicional conmemoración de la masacre, incluida la procesión en la que cientos de salvadoreños recorren el campus de esta universidad con velas encendidas.
Durante el fin de semana se realizaron actividades desde las plataformas digitales y una misa en una iglesia de la localidad de Mejicanos (norte) con un pequeño número de personas.
El coronavirus se ha cobrado, según cifras oficiales, la vida de 1.047 personas y se han contagiado unas 36.669.
La fecha también se ha visto marcada por un silencio gubernamental, dado que el Gobierno de Nayib Bukele no se ha pronunciado por el aniversario ni por el cierre del caso, del que hizo eco cuando una corte de España condenó al coronel retirado Inocente Montano a 133 años de prisión.
Bukele, quien aprovechó la condena para recordar la supuesta participación en el encubrimiento del caso del diputado opositor Rodolfo Parker, mantiene una relación tensa con la UCA y ha criticado públicamente a Tojeira.
PIDEN AVANCES EN CASO ROMERO Y EL MOZOTE
Un grupo de organizaciones sociales llegó al Ministerio Público para presentar cientos de firmas de personas que exigen que se avance en los casos de crímenes de guerra, incluidos el de los jesuitas, a pesar del inesperado cierre de la causa, y el de san Óscar Arnulfo Romero (1980), que no registra mayores avances desde su reapertura en 2017.
Además, pidieron que se retomen las solicitudes de investigar el papel del presidente Bukele por el bloqueo de unas inspecciones en los archivos militares por el caso de la masacre de unas 1.000 personas en El Mozote (1981).
'Queremos retomar la voz de monseñor Romero, la voz de los padres jesuitas' y 'de esos niños que fueron asesinatos en El Mozote' para que 'esos hechos no se vuelvan a repetir jamás', dijo a la prensa la activista Gloria Anaya, del Colectivo Herbert Anaya Sanabria.
Los jesuitas asesinados en 1989 fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López.
También perdieron la vida la trabajadora de la UCA Elba Ramos y su hija de 16 años, Celina. EFE
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