Oposición busca reducir la jornada laboral en Chile

SANTIAGO DE CHILE (AP) — La oposición de centroizquierda busca reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas semanales pese al férreo rechazo del oficialismo derechista que califica de irresponsable la medida y anticipa la pérdida de más de 300.000 empleos.

Chile, Costa Rica y México están entre los países de América Latina donde se trabaja más tiempo al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La idea de trabajar menos con iguales ingresos cuenta con el apoyo de más del 70% de los chilenos consultados por una encuestadora local.

Las caras visibles de la iniciativa son las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, exlíderes de las masivas protestas universitarias de 2011 en demanda de mejoras educacionales durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014).

Vallejo afirma que la actual jornada “no permite a los trabajadores desarrollar una vida familiar o disponer de tiempo libre” mientras que Cariola sostiene que carecen de estudios sobre lo que la nueva jornada “va a significar para el país, cuántas empresas en concreto se van a cerrar o cuántas empresas se van a abrir”.

Con un virtual enfrentamiento comunicacional el gobierno intentó sin éxito frenar la iniciativa y anunció el envío al Congreso de otro proyecto para rebajar a 41 horas la jornada semanal, aunque de manera flexible y gradual.

Los grandes, pequeños y medianos empresarios se han sumado al gobierno en su rechazo a la iniciativa.

Carlos Zeballos, que tiene una pequeña empresa, dijo a The Associated Press que “no creo que con menos horas alcance a cumplir los pedidos y no me alcanzaría para contratar más gente”.

Pro la vendedora María Correa indicó que “ojalá que lo aprueben. Yo feliz, pero no sé cómo van a hacer los jefes al tener que pagar horas extras”.

La idea se discute en momentos en que Chile vive una desaceleración económica y cuando el potencial de crecimiento se ha corregido a poco menos del 3%.

Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), dijo que la iniciativa, “equivale a un aumento del 11% del costo laboral”.

El presidente del autónomo Banco Central, Mario Marcel, que también estima que habrá un encarecimiento del costo laboral, recordó que en 2005 se rebajó la jornada de 48 a 45 horas, cuando el crecimiento económico se estimaba en un 5% o más frente a un 3% del proyectado para 2019.

Las diputadas señalan que no incluyeron la flexibilidad en su proyecto porque la sindicalización en Chile bordea el 20% de la masa laboral de 8,4 millones de personas y porque la mayoría carece de facultades reales para negociar con sus empleadores. Sí incluirán una gradualidad para las pequeñas y medianas empresas.

El académico de la Universidad Diego Portales y experto laboral, José Luis Ugarte, dijo a The Associated Press que en Chile negocian colectivamente menos del 8% de las personas.

Añadió que “hay certeza de que cuatro o cinco horas menos de trabajo mejorarían la calidad de vida de los trabajadores” y que de no aprobarse ahora el proyecto “va a ser uno de los focos centrales de la próxima campaña presidencial (en 2022)”.

Ramón López, académico de la Universidad de Chile y miembro del Observatorio de Políticas Económicas, afirmó que el cambio de jornada sólo afectará a 3,3 millones de personas del sector formal de trabajadores, por lo que estima que se producirá un aumento de un 6,6% de nuevos empleos, unas 198.000 contrataciones.

Pero Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a los grandes empresarios, dijo que los costos laborales subirán en torno al 40%.

El proyecto fue aprobado a comienzos de mes por la oposición de centroizquierda en una comisión laboral de la Cámara de Diputados y se espera que sea discutido en las próximas semanas por la totalidad de los diputados, en un congreso con mayoría opositora.

Piñera anticipó que recurrirá al controversial Tribunal Constitucional porque afirma que el proyecto compromete recursos estatales. Ese tribunal es usado por la oposición y el oficialismo como una suerte de tercera cámara legislativa cuando pierden las votaciones de proyectos en el Congreso.

AP

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