La pandemia subraya los problemas por los que protestaban los chilenos

María José Campano Abásolo

Santiago de Chile, 7 jul (EFE).- A más de cuatro meses del primer caso de coronavirus en Chile, la pandemia ha dejado en evidencia algunos problemas estructurales del país: bajos sueldos y pensiones, altos niveles de endeudamiento, costo de la vida y desigualdad en los ingresos, todos ellos denunciados por los ciudadanos en el llamado 'estallido social' que inició en octubre de 2019.

Chile, el país más rico de América del Sur y miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es sindicado por esa misma organización como uno de los tres países latinoamericanos más desiguales, con el 50 % de los trabajadores ganando 400.000 pesos chilenos (unos 500 dólares) o menos al mes y con el 75,4 % de los hogares endeudados.

Esta situación de 'hogares chilenos que trabajaban y no podían llegar a fin de mes con el fruto de su trabajo', de 'sectores medios precarizados, altamente endeudados y morosos', empeoró con la pandemia, dijo a Efe el economista Marco Kremerman, de la Fundación Sol, centro de investigación dedicado a analizar temas relacionados al trabajo en Chile.

'Lo que tenemos hoy en día es un escenario de sobreprecariedad. Y eso es lo grave', aseguró Kremerman.

Ante la recesión económica que está provocando el coronavirus, que el Banco Central de Chile calcula en -7,5 % para este año, esta debilitada clase media corre el riesgo de quedar hundida en la pobreza, que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pasará del actual 9,8 % al 13,7 % en 2020 en el país.

'Sin duda que las consecuencias socio económicas causadas a raíz de la pandemia generada por la COVID-19 han afectado fuertemente y de manera transversal a las familias de nuestro país', reconoció en declaraciones a Efe Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile.

RESPUESTA DEL GOBIERNO EN FORMA DE AYUDAS

Poco más de dos semanas después de que se confirmara el primer contagiado por COVID-19 en el país, el Gobierno que preside Sebastián Piñera anunció un plan económico de emergencia de 11.750 millones de dólares para hacer frente a los estragos que empezó a causar la pandemia.

Una de las últimas ayudas está dirigida precisamente a la clase media, considerada la principal protagonista del estallido social ante la precariedad de la sanidad, las privatización de las jubilaciones y el sistema educativo del país, entre otras cosas.

'En una crisis socio económica como esta, donde el empleo y el riesgo sanitario son dos elementos centrales, la clase media se ve muy afectada, por eso es tan necesario complementar la red de protección social y robustecerla para dar un alivio a millones de familias en medio de esta crisis', comentó la subsecretaria Candia.

La ayuda del Gobierno consiste en la entrega de créditos hipotecarios con una tasa de interés de 0 %, facilidad de acceso a créditos 'blandos', ampliación en la entrega de créditos universitarios y subsidios de arriendo.

Para Kremerman, estas medidas suponen 'más endeudamiento para la clase media' y que los 'hogares pueden quedar en peores condiciones cuando termine la pandemia'.

EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD LABORAL

Otras medidas del plan del Gobierno van dirigidas a los trabajadores formales y sus empleadores, quienes podían optar por suspender el pago de remuneraciones a la vez que los empleados suspendían la entrega de sus servicios, pero manteniendo el vínculo contractual, al tiempo que los trabajadores obtenían ingresos mediante los seguros de desempleo.

Sin embargo, en un país con una tasa de informalidad laboral del 23,5 %, la iniciativa quedó corta.

'Una de las carencias que se ha puesto de manifiesto en esta emergencia es la alta informalidad entre los trabajadores', admitió Candia.

Recién en mayo el Congreso chileno aprobó un 'Ingreso Familiar de Emergencia', dinero que iría en ayuda de las familias cuyas fuentes de ingresos fuesen mayoritariamente informales.

'Esta deuda con la alta informalidad se refleja también durante la emergencia por ejemplo en los pagos del Nuevo Ingreso Familiar, donde un 50,9 % de las 1,9 millones de familias beneficiadas a la fecha no cuentan con ningún ingreso formal', detalló la subsecretaria.

Superada la emergencia sanitaria, 'el desafío será la reactivación económica y del empleo, escenario en donde se abre la oportunidad para repensar los subsidios al empleo ya vigentes y subsidios a la contratación que puedan permitir aumentar la formalidad en los sectores más vulnerables', agregó Candia.

UN SISTEMA INSOSTENIBLE

El Ejecutivo también dispuso la entrega de 2,5 canastas de alimentos a los más pobres y beneficios y facilidades de pago de los servicios básicos como electricidad o Internet al 40 % de los hogares más vulnerables, en una muestra de la precariedad en que viven algunos estratos de la población, alimento de las protestas de octubre, y que han quedado a la luz por la pandemia.

'Una vez que se comience a retomar la actividad no se puede hablar de normalidad o de nueva normalidad, porque antes de la pandemia y antes del 18 de octubre (día que comenzó el estallido social) estábamos en una situación anormal', dijo Kremerman, que abogó por 'reestructurar el país'.

'Lo que ha sucedido es que nos hemos ido dando cuenta de que este modelo, básicamente, no se sostiene por más tiempo', aseveró el economista. EFE

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