Hobbes, Haití y el comunicado de la OEA

En uno de los pasajes más famosos de la filosofía política, Thomas Hobbes señala en su magna obra Leviatán (1651) que “mientras los hombres viven sin ser controlados por un poder común… están en esa condición llamada guerra, guerra de cada hombre contra cada hombre”. A lo que agrega: “En una condición así, no hay lugar para el trabajo, ya que el fruto del mismo se presenta como incierto… Y, lo peor de todo, hay un constante miedo y un constante peligro de perecer con muerte violenta. Y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. Más aún, agrega Hobbes: “Donde no hay un poder común, no hay ley; y donde no hay ley, no hay injusticia. La fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales de la guerra”.

Las destructivas guerras civiles que por décadas impactaron su país natal Inglaterra sirvieron de telón de fondo y motivación a Hobbes para escribir Leviatán, considerada la obra fundante del pensamiento político moderno, la cual escribió durante sus años de exilio en París. Él dice: “…podemos tener una noción de cómo sería la vida sin un poder común al que temer, si nos fijamos en la manera de vivir de quienes, después de haber coexistido bajo del poder de un gobierno pacífico, degeneran en un estado de guerra civil”. Su gran preocupación fue, pues, cómo superar la falta de orden y seguridad que genera la ausencia de un poder común, esto es, un Estado funcional que haga valer su legalidad.

La solución que Hobbes ofreció ha trascendido el tiempo pues, rompiendo con el paradigma aristotélico, formuló por primera vez la igualdad entre los hombres (no había referencia a la mujer en el discurso filosófico del siglo XVII) y la necesidad de que, dada esa igualdad, se produjera un acuerdo o pacto entre ellos para crear “ese gran Leviatán, o mejor, para hablar con mayor reverencia, ese dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y seguridad”. Se refería, por supuesto, al Estado, al poder soberano, que debería surgir del acuerdo de voluntades como única forma de que tuviera legitimidad.

Hobbes ha sido criticado por sentar nuevas bases de sustento al despotismo o la monarquía absoluta, pero lo que no se puede negar es que él fue el primero en plantear la necesidad de construir un orden político en la sociedad que fuera el resultado no de la imposición de un déspota que sustente su autoridad y legitimidad en la determinación divina, sino de un contrato o pacto entre individuos iguales que crean el Estado para proveerse de una coexistencia pacífica. Varias décadas después llegó John Locke para hablar de los límites y la división del poder -algo de lo que no habló Hobbes preocupado principalmente en el orden y la seguridad-, pero sin Hobbes habría habido Locke, dos gigantes de la filosofía política que han marcado el debate sobre el poder, el Estado y la forma de gobierno hasta nuestros días.

Valga esta introducción para señalar que Haití vive una típica “situación hobbsiana”, esto es, la ausencia de un poder común que hace posible ese estado de guerra de todos contra todos que impide siquiera una funcionabilidad mínima de la sociedad haitiana. Es lo que hoy día se llama “Estado fallido”, que en el caso haitiano ha llegado a un punto verdaderamente extremo y hasta parecería de no retorno.

En medio de esta situación, cada vez más crítica, es reconfortante ver que, tal vez por primera vez, desde un organismo internacional comienza a plantearse la necesidad de reformular radicalmente el enfoque de la comunidad internacional frente a la crisis haitiana. En un comunicado reciente, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que “en 20 años de estrategia política errada la comunidad internacional no fue capaz de facilitar la construcción de una sola institución con capacidad de responder a los problemas de los haitianos, 20 años después ni una sola institución es más fuerte de lo que era antes”. A lo cual agregó: “Bajo ese paraguas de la comunidad internacional fermentaron y germinaron las bandas criminales que hoy asedian al país y a su pueblo, bajo ese paraguas germinó y se gestó el proceso de desinstitucionalización y de crisis política que hoy vivimos”.

Puede decirse que se trata de un documento autocrítico, si bien no se plantea de esa manera, pues la OEA ha tenido, en algunos momentos, participación en los políticas de la comunidad internacional en Haití, aunque el mayor protagonismo lo ha tenido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese comunicado de la OEA

plantea lo que esta columna ha señalado reiteradamente a través de los años, esto es, que Haití necesita más Estado, no menos, y que, como bien dice dicho comunicado, “es absurdo pretender que bajo ese esquema de destrucción los haitianos completamente solos, polarizados y con muy menguados recursos puedan reconstruir o construir un proyecto de seguridad, reinstitucionalización y desarrollo que les permita a 12 millones de habitantes la coexistencia pacífica”.

Sin duda, la tarea es enorme, pero en algún momento y por algún lugar debe comenzar. Tanto el Consejo de Seguridad de la ONU como la Secretaría General de la OEA han planteado la necesidad de impulsar una negociación entre actores políticos y sociales clave, la cual está llamada a dar sustento interno a un proceso que procure la normalización política incremental y la reconstrucción progresiva del Estado como premisas básicas para generar orden y seguridad, al tiempo que se crean las condiciones mínimas para el desarrollo económico y social.

Por supuesto, de lo que se trata no es de volver al orden despótico del pasado pero tampoco dejar las cosas como están y que los haitianos terminen autodestruyéndose. De ahí la importancia del documento de la OEA en tanto plantea algunas ideas germinales de cómo abordar de nuevo la crisis haitiana, lo cual debe ser solo el primer paso en una estrategia más amplia que haga posible la coordinación de esfuerzos y recursos entre los actores más relevantes de la comunidad internacional en lo que concierne a la crisis haitiana. Y como ha señalado también esta columna, desde República Dominicana es mucho lo que se puede aportar en el debate sobre esta cuestión, lo que en nada compromete el ejercicio pleno de nuestras potestades soberanas en materia migratoria y en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Flavio Darío Espinal

Abogado y profesor de Derecho Constitucional de la PUCMM. Es egresado de la Escuela de Derecho de esta universidad, con una maestría de la Universidad de Essex, Inglaterra, y un doctorado de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Socio gerente FDE Legal.