¡Qué vergüenza! Un sistema de justicia cómplice de corruptos

El pasado lunes 30 de mayo, los jueces del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional produjeron una sentencia de descargo en favor del exministro de Defensa, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Piccini Núñez y el empresario Daniel Aquino Hernández, acusados de soborno y sobrevaluación en el caso de los Super Tucanos. 

Poco importó que la empresa brasileña aeronáutica (Embraer) mediante una delación premiada confesara al Ministerio Público haber sobornado con 3.5 millones de dólares a funcionarios para la venta sobrevaluada de 8 aviones Super Tucanos, y que por esa razón debió pagar una multa de 7 millones 400 mil millones de dólares al Estado dominicano. 

Tampoco tuvo importancia que Embraer fue condenada a pagar, por estos mismos sobornos, por concepto de multa e indemnización, al departamento de justicia y a la Comisión de Bolsas y valores de los EE. UU. la suma de 205 millones de dólares. 

Fue igualmente irrelevante que, por estos sobornos, cometidos en diversos países, la justicia de Brasil condenó a 10 ejecutivos de Embraer. 

En nuestro caso, la acusación presentada por el Ministerio Público fue muy particular. No incluyó la esfera del Poder Ejecutivo, a pesar de que el presidente de ese entonces debió autorizar no solo el contrato de compra sino también el contrato de préstamo para la compra que por un monto de 93.6 millones de dólares se concertó con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (Bandes) del Brasil, fueron reiteradas las denuncias, en aquel momento, de que se trataba de una venta sobrevaluada. 

Muchos tendrán presente en su memoria al presidente de la república de  entonces, en el asiento del piloto, rodeado de los jefes militares, entre risas, haciendo con los dedos de ambas manos la señal de la victoria, no se sabe si en señal del éxito del negocio hecho con Embraer.  

El Ministerio Público tampoco investigó la esfera del Congreso Nacional en cuyas cámaras el contrato debió ser ratificado, a pesar de conocer que en el esquema de soborno confesado por Embraer se menciona al exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas. 

Esta sentencia de descargo dada el pasado 30 de mayo viene a ser otro hito trascendente en la infame historia de la impunidad que ha prevalecido en el país. 

Es el primer caso, en los anales judiciales, de un soborno sin sobornados.  No es de dudar que pronto tendremos homicidios sin muertos.  

Esta es una crónica que se repite una y otra vez. Así ha sido en los muy contados casos de corrupción decididos por el ministerio público o en sede judicial. 

Recordemos, para solo referir los más destacados, el caso de la querella contra la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, avalada en decenas de copias de cheques girados en favor del entonces presidente de la república, como pago de comisiones por los constructores de obras del Estado y que el Ministerio Público apoderado, sin investigar uno solo de los medios de prueba, decidió archivar el caso, alegando irresponsablemente ausencia   de legislación para castigar hechos de corrupción bien tipificados y avalados en pruebas suficientes. 

O la acusación contra Félix Bautista, con un patrimonio valorado por el propio Ministerio Público en 27 mil millones de pesos cuyoorigen no podía justificar y sin embargo encontró un descargo que terminó sirviéndole para legitimar en una sentencia de la Suprema Corte sus propiedades y bienes, decisión que inexplicablemente el Ministerio Público desistió de continuar la persecución. 

O el caso Odebrecht, con un mamotreto de expediente que a todas luces dejó impune el 90% de los responsables de recibir los sobornos, así como a la propia empresa delincuente, y que no debe dudarse al final terminen todos descargados, fundamentado en algún retruécano procesal. 

O el caso del expediente contra Diandino Peña, sobre quien el Ministerio Público ha guardado un silencio solo comparable con los misterios del Santo Grial. 

O lo sucedido en esta misma semana con la decisión de No Ha Lugar evacuada por el juez del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en relación a la acusación contra el ex director de Corde y otros imputados de prevaricación, desfalco, estafa, coalición de funcionarios, soborno, falsedad en escritura pública, asociación de malhechores, por vender ilegalmente el barrio Los Tres Brazos con los moradores dentro de sus casas, construidas en el terreno entregado por el Estado Dominicano y que ocupan por más de 40 años.  

La jueza del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, antes referida, en el caso de los aviones Tucanos, al pronunciar la sentencia, buscando crear un escudo de protección para justificar su decisión dijo que los jueces no están “para apaciguar la furia de la opinión pública…”, cuando en realidad lo que la ciudadanía aspira del sistema de justicia del que ella forma parte es que se acabe la impunidad, castigando con las sanciones que dispone la ley, a todos los se roban el dinero público.  

Más reveladoras aun fueron las declaraciones del juez de la Instrucción al expresar en las motivaciones de su decisión sobre el No Ha Lugar en el Caso de los Tres Brazos que “si no hubiese estado Henry Molina en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no se hubiera presentado un descargo a los implicados del caso, porque se estaría llamando y presionando para que acogiera lo contrario”.

Ahora se acusan unos y otros: el Ministerio Público alega lenidad de los jueces, y éstos, debilidad probatoria de los expedientes presentados por el ministerio público. 

Teatro, puro teatro. En realidad, cada uno está pendiente de encontrar el “bajadero” procesal para evadir sus responsabilidades de persecución o de condena.  

Lo relatado hasta aquí es una pequeña muestra de la ausencia de una efectiva investigación, persecución y condena en materia de corrupción, lo que pone en evidencia a un ministerio público que ha sido cómplice de la impunidad, junto a jueces con definidas lealtades con las cúpulas de los partidos que se beneficiaron de estos actos de corrupción. 

Unos y otros siempre estarán prestos a aferrarse a cualquier artificio jurídico para producir el descargo de corruptos.

La inacción del Ministerio Público, junto a esta jurisprudencia reiterada de impunidad, es la mejor aliada que ha tenido y sigue teniendo la corrupción en nuestro país. 

Es una verdadera desgracia que el presidente Luis Abinader, escudándose en la necesidad de la independencia del Ministerio Público, haya renunciado a impulsar como le corresponde a sus altas funciones, una decidida lucha contra la corrupción y la impunidad, como parte integral de la política del Estado contra el delito y el crimen. 

Por tanto, la lucha contra la corrupción y la impunidad sigue siendo una tarea pendiente que deberá esperar de otra voluntad política con real compromiso para llevar a los corruptos a la cárcel, acabar con la impunidad y recuperar lo robado. 

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.