Reforma electoral posible

El martes 11 del cursante mes quedó constituida la mesa temática “De lo Electoral” en el llamado Diálogo Nacional, con la representación del gobierno, la Junta Central Electoral, los sectores que integran el Consejo Económico y Social y de los partidos políticos del país. Su objeto es discutir las reformas a las leyes No. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, y la No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. Los trabajos de la mesa se pautarán de modo principal, pero no exclusivamente, por la propuesta de modificación elaborada por el órgano electoral.  En su proyecto la JCE incluye propuestas de “modificación o inclusión” y propuestas de “corrección” a un amplio número de artículos de ambas leyes. En palabras del presidente de la JCE, en lo que respecta a la Ley 15-19, “se propone el fortalecimiento de su estructura”, se incorporan varias leyes con incidencia en lo electoral y se “agregan y define un catálogo ampliado de principios rectores electorales”. Son 54 los artículos de esta ley que se propone su modificación. Respecto de la ley 33-18, la propuesta “actualiza el texto, conforme las distintas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Administrativo”. Además,” la reducción de los topes de gastos para la precampaña y campaña”, la modificación de “los plazos de los eventos de selección interna de candidaturas”, “el régimen de financiamiento”, “el régimen sancionatorio”, entre otros. Son 36 los artículos de esta ley cuya modificación se están proponiendo.  He de observar que se trata de un excelente trabajo, muy completo y riguroso. Pero será más adelante cuando discutiremos y fijaremos posición sobre los contenidos específicos de la reforma electoral propuesta por la JCE. Ahora, en este primer momento, lo que debe ocupar nuestra atención es cómo hacer la necesaria reforma electoral y cómo lograr que ésta sea viable para su implementación en el próximo torneo electoral.

De todas las mesas temáticas del Diálogo Nacional, la única que está sometida a un plazo fatal es la Electoral, pues las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales serán en febrero y mayo de 2024, respectivamente. Es decir, dentro de algo más de dos años, lapso en el cual habría que ponerse de acuerdo en el marco del diálogo nacional en las reformas a implementar, aprobarlas en ambas cámaras del congreso, promulgarlas por el ejecutivo y entonces implementarlas por el órgano electoral. Es decir, estamos en el tiempo límite para la reforma de las leyes electorales, siempre y cuando se proceda con presteza y sentido práctico.

Respecto de la reforma a las leyes electorales hay dos premisas comunes a todos los interesados en el tema: Por un lado, la necesidad impostergable de hacer esta reforma toda vez que las actuales leyes electorales contienen contradicciones y sobre todo están ausentes de ellas disposiciones imprescindibles para garantizar procesos electorales de mayor transparencia, participación ciudadana y equidad. Pero también se está de acuerdo en que cualquier reforma electoral tiene que hacerse ahora, es decir, en la próxima legislatura que empieza el 27 de febrero y termina unos 150 días después.

No es ocioso recordar las implicaciones negativas que tuvo en el proceso electoral anterior la aprobación con poco tiempo para su implementación de las actuales leyes electorales, y sobre todo, las continuas modificaciones a ellas hechas por los tribunales constitucional, administrativo y superior electoral, lo cual se tradujo en que prácticamente en medio del proceso electoral, el pleno de la JCE emitiera resoluciones que introducían cambios importantes. Al final, las elecciones terminaron desarrollándose en un marasmo legal de difícil implementación y asimilación. Una situación de este tipo no puede repetirse.

En este contexto, la vía práctica para arribar a una reforma  viable a las leyes electorales es limitarnos a construir una propuesta de reforma exclusivamente con todos los aspectos en que haya consenso de la necesidad de suprimirse, modificarse o agregarse a las leyes vigentes, bajo el acuerdo firmado de los partidos con representación congresual de asumir el impulso para su aprobación en ambas cámaras, incluyendo su inmediata promulgación por el Poder Ejecutivo quien también está representado en la mesa electoral. Por esta vía, la reforma posible ahora de las leyes electorales podría quedar sancionada y promulgada en la próxima legislatura, y, por tanto, la JCE contar con el tiempo justo para su implementación de cara a las elecciones de 2024.  Se trata de eliminar del próximo proceso electoral la incertidumbre que significaría desarrollarlo bajo la amenaza constante de nuevas modificaciones a las leyes electorales.  

En lo que respecta a aquellas propuestas de modificación a las leyes electorales en las que haya disenso, segregarlas del proyecto de ley a someterse ahora en la próxima legislatura, para continuar su discusión y la elaboración de nuevos proyectos de leyes para una legislatura posterior a las elecciones de 2024.

Es importante insistir que por los intereses envueltos en la modificación de las leyes electorales, en la coyuntura en desarrollo son muchos los temas electorales que será difícil, para no decir imposible de consensuar, de cara a un proceso electoral en el que se está incubando a toda marcha un proyecto reeleccionista;  con expedientes acusatorios de corrupción en curso y  posibles nuevos expedientes que involucran el liderazgo de los partidos que detentaron el poder en los últimos 20 años; con una oposición dividida en varios frentes, a lo que se agrega la clasificación hecha por la ley de partidos mayoritarios y no mayoritarios y el otorgamiento de privilegios a los primeros.  No olvidemos que,  las actuales leyes que rigen el régimen electoral, duraron unos 16 años en el congreso para su aprobación y,  finalmente, cuando se convirtieron se promulgaron, el resultado fue tan mostrenco que es generalizado el criterio de que la medicina resultó peor que la enfermedad.

Guillermo Moreno

Guillermo Moreno es abogado y político. Presidente de Alianza País.