La "fiebre del oro" se activa en República Dominicana
La exploración de minerales metálicos gana interés de empresas y particulares en municipios de todas las regiones, pero se enfrenta a la burocracia y a defensores medioambientales
Mariela Mejía
Desde lo alto de una loma en el municipio de Restauración, en la provincia fronteriza de Dajabón, se divisan las casitas de un poblado haitiano entre el verdor montañoso. Aquí cantan los pájaros, mientras el viento mece las ramas del pinar. Pero hay algo inusual. En la tierra rojiza son notables unos pequeños cuadros de cemento, con un orificio profundo en el centro, dispersos en el terreno y marcados con códigos de referencia, que son escritos por empleados de la minera Unigold.
Estos cuadros están aquí porque desde hace casi 20 años, la empresa canadiense explora esta zona en la búsqueda de minerales metálicos. El proceso está avanzado y en febrero de 2022 Unigold sometió la solicitud ante la Dirección General de Minería para comenzar a extraer el oro escondido en un yacimiento minero denominado Los Candelones, donde estima que hay un aproximado de 2.25 millones de onzas de oro, que se pueden explotar en un ciclo de unos 25 años.
“Removemos los árboles, removemos lo que es el material orgánico; se acumula en determinado lugar y empiezan ya las actividades de excavación”, adelanta Alejandra Gómez, de Unigold, rodeada de altos y flacos árboles de pinos, sobre cómo se prepararía el terreno para operar la mina a cielo abierto.
Si se colorean en un mapa de la República Dominicana los municipios donde se cree que hay minerales metálicos explotables como el oro, los colores comienzan desde el este, en Higüey, y avanzan hacia El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata… para concentrarse más en el centro del país, dividirse entonces hacia el sur profundo y la Línea Noroeste, y frenarse en la frontera con Haití, al terminarse el dominio local.
Además de Unigold, la también canadiense GoldQuest, desde 2015, busca el permiso para explotar oro y cobre en la provincia de San Juan. Ambas compañías están en las fases más avanzadas con miras a conseguir nuevas concesiones de explotación metálica en el país, dentro de una industria minera con una inversión extranjera directa acumulada de 4,300.2 millones de dólares entre 2010-2021 que, además, aportó el 1.8 % del producto interno bruto (PIB) local el año pasado y 2 % en el anterior.
Además de las 101 concesiones para explotar minerales no metálicos, como caliza, mármol y yeso, en Quisqueya solo hay tres para la explotación de minerales metálicos.
También, hay 26 para realizar las exploraciones que confirmen o no la existencia de más metales con potencial de explotación, otorgadas entre 2017 y 2022. Asimismo, la Dirección General de Minería, al 31 de agosto pasado, tenía en revisión más de 100 solicitudes sometidas desde 2012 para comenzar a explorar, que incluyen de empresas ya concesionadas.
Las solicitudes de exploración metálica que va listando la entidad en su página web, se han ido incrementando desde 2019, siendo la más reciente que notifica del 28 de junio del 2022, con fines de explorar en Sabana de la Mar para verificar la existencia de cobre, oro, plata y zinc.
Detrás de ese interés hay un impulso dado por el precio del oro en el mercado internacional, que llegó a cotizarse a 2,050 dólares la onza en marzo pasado, aunque su precio ha ido bajando y el 9 de septiembre se cotizaba a 1,716.39 dólares.
Desde la época de la llegada de los europeos a América, La Española ha sido codiciada por yacimientos como el oro debido a que, en toda su zona central, hay unas formaciones geológicas con mucho interés metálico, llamadas Los Ranchos, Tireo y Duarte.
“Como son zonas de mucha valía geológica y que generalmente están asociadas a minerales metálicos, las empresas y personas particulares -que las hay- se han dedicado a solicitar permisos de investigación”, dice el titular de la Dirección General de Minería, Rolando Muñoz. Además, hay interés por las tierras raras y la posible existencia de litio.
Pero Muñoz observa que el nutrido interés minero se reduce a un mínimo porcentaje de la geografía nacional. “Si usted mide la cantidad de hectáreas otorgadas en exploración y/o explotación, no es el punto cinco por ciento del territorio”, dice.
En Dajabón, en una comunidad llamada Mochito, a los moradores les llama la atención el transitar por la carretera de tierra de vehículos que les son desconocidos. “Han estado viniendo”, dice Domingo Parra en el frente de su casa. “Me han dicho que andan tomando muestras de algunos puntos específicos… Se dice que esta zona es muy rica en minería”.
A él no le preocupa que exploren por la boscosa zona donde ha vivido por 32 años. “La minería, uno sabe que acaba con el medioambiente y todo tipo de cosas, pero uno tiene que tener claro que, a través de eso, hay unos recursos que vienen atrás”, comenta.
Solo las tres concesiones de explotación minera metálica vigentes en el país generan 5,107 empleos directos, reporta la Dirección General de Minería. El proyecto principal es Pueblo Viejo, operado por la corporación Barrick Pueblo Viejo. Se ubica a 100 kilómetros de Santo Domingo, en la provincia Sánchez Ramírez, donde se explota a cielo abierto oro, plata (y cobre en perspectiva).
Pueblo Viejo es considerada como la mina de oro más grande de Latinoamérica y entre las que más produce en el mundo. Tiene 13 millones de onzas explotables de oro, por lo que supera el promedio de disponibilidad de este tipo de yacimiento, según ha informado el viceministro de Minas, Miguel Díaz.
El oro representó el 15 % de todo lo exportado por el país el año pasado, siendo Suiza el principal destino de ese producto con fines de su refinamiento. Solo en 2021 se exportaron 1,747.98 millones de dólares de ese metal y en los primeros ocho meses de este 2022 han sido 955.03 millones de dólares, de acuerdo a datos de ProDominicana.
Falconbridge Dominicana cuenta con otra concesión, para explotar níquel (o ferroníquel) a cielo abierto en el proyecto Quisqueya 1, que abarca 21,829 hectáreas en terrenos situados en las provincias Monseñor Nouel y La Vega, a unos a 80 kilómetros al norte de Santo Domingo. La empresa es propiedad de Americano Nickel Limited.
La tercera es la que tiene la Corporación Minera Dominicana (Cormidom), llamada Cerro de Maimón, en Monseñor Nouel. La compañía es de capital chino y australiano, siendo su casa matriz la corporación Perilya Limited. Extrae principalmente concentrado de cobre y zinc en una concesión de 3,400 hectáreas.
Pero hay un creciente interés en que no solo sean estos los proyectos metálicos concesionados en un país que, según estimaciones de la Dirección General de Minería, tiene 26.8 millones de onzas de oro y plata en reservas, 21.7 millones de toneladas métricas de níquel, 352,862 toneladas métricas de cobre y 276,286 toneladas métricas de zinc.
Cifras oficiales y sus usos
El oro se usa principalmente en la acuñación de monedas y en la joyería. También, en la electrónica, en aparatos informáticos, tecnología espacial, premios y símbolos de estado, fabricación de vidrio y piezas odontológicas, entre otros. La plata se usa para acuñar monedas; en la industria fotográfica, química, médica y electrónica; para elaborar armas blancas y piezas dentales; en baterías eléctricas y otros.
El níquel se usa para la fabricación de monedas, baterías y pilas recargables, imanes, motores marinos e industria química, entre otros.
El cobre se usa para las tuberías de agua, en refrigeradores y sistemas de aire acondicionado, computadoras, hornos de microondas, interruptores eléctricos y pararrayos, entre otros.
El zinc es usado para la producción de baterías de los misiles y cápsulas espaciales, para fabricar baterías y latón, en la galvanización del acero y en la industria farmacéutica, entre otros.
Entre 2012-2021, el Estado recibió 94,495.4 millones de pesos por ingresos en impuestos por las operaciones mineras, según estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos.
Durante el pandémico 2020, el sector minero contribuyó con un excedente de 14,000 millones de pesos en pago de impuestos y anticipos, resalta Díaz en un artículo publicado en la revista científica Geonotocias, de la Sociedad Dominicana de Geología. “La producción metálica de República Dominicana -dice- no subió en el 2020, lo que se elevó fue el precio de los metales, especialmente el oro, que permitió generar esa cantidad extraordinaria de impuestos”.
A junio de este 2022, hubo una disminución de 15.6 % en el valor agregado de la actividad minera por un menor rendimiento en la producción de oro. La explicación dada por el Banco Central es que Barrick Pueblo Viejo está inmersa en un proceso de inversión de 1,400 millones de dólares para los fines de extender la vida útil de la mina de Pueblo Viejo hasta 2044, lo que permitirá estabilizar la producción de oro a partir de 2023.
Economía de RD crece, pero actividad minera disminuye 15.6 % por baja en producción de oro
“Usted va a ver que en todo el entorno de Barrick –donde está Pueblo Viejo–, de Cormidom y Falconbridge no hay un espacio libre en que alguna empresa no haya solicitado una concesión minera, y eso es bueno”, dice el director de Minería. “La ley minera, en su artículo 28, dice claramente que es interés del Estado explorar, cualificar y cuantificar los recursos que existen en el suelo y subsuelo de la República Dominicana, y la Constitución, en su artículo 17, así lo establece también”.
Proyecta que, además de Unigold y Romero, los prospectos más importantes son los que están en el entorno de Pueblo Viejo. “Ahí es posible que se sumen áreas importantes”, asegura.
(Si le interesa explorar un mapa interactivo del catastro minero, elaborado por la Dirección General de Minería, haga clic aquí).
Explorar: una inversión de alto riesgo
El director de Minería enseña a Diario Libre las muestras de minerales metálicos y no metálicos que conserva en su oficina, que a simple vista parecen pedazos de rocas con colores llamativos.
El funcionario comenta que las empresas exploradoras y particulares invierten a su propio riesgo en la investigación, que tarda años, conociéndose en la industria que menos del 1 % llega a convertirse en un proyecto minero.
Solo Unigold reporta que ha invertido 55 millones de dólares entre gastos de exploración, administrativo y programas de responsabilidad social corporativa.
El sector además depende de una burocracia para los procesos evaluativos con fines de conseguir los permisos oficiales, que prolonga por años la obtención del sí. Y tiene como opositor principal a los defensores del medioambiente y a los habitantes de las comunidades, mayormente rurales, donde prevén llevar sus maquinarias.
Unigold entró a la República Dominicana en 2002, con la adquisición mediante licitación pública de una reserva fiscal minera llamada Neita, en Restauración, con una extensión superficial de unas 21,030.57 hectáreas. Ha realizado aproximadamente 600 perforaciones a diamantina.
En la zona localizó 21 objetivos de alto potencial minero y se concentró en uno ubicado en la parte suroeste de la concesión. De aquí han extraído muestras con forma tubular que analizan en un campamento instalado hace doce años en una comunidad llamada Jiménez.
En el lugar hay un coreshack, que es una especie de biblioteca de muestras de rocas extraídas en las perforaciones (barrenos). Entre estas las hay de óxido y sulfuro que, si son sometidas a un proceso complejo de procesamiento, pueden aportar el oro buscado. De conseguir el permiso de explotación y lograr un estudio ambiental favorable, iniciaría un proyecto minero para recuperar cerca de 100,000 onzas de óxidos.
Entre marco jurídico y opositores
La Ley Minera de la República Dominicana 147-71 establece de interés primordial del Estado la exploración del territorio nacional. La Constitución de la República observa que esto solo puede hacerse bajo criterios ambientales sostenibles.
La legislación indica que los trabajos de exploración se pueden comenzar seis meses después de otorgada la concesión y durante tres años, que pueden ser prorrogables por pocos años.
Cuando se consigue el permiso de explotación, los trabajos se pueden comenzar dentro de un año después del otorgamiento de la concesión y en igual tiempo los de las plantas de beneficio cuando se obtiene la autorización de instalación.
El derecho conseguido de explotación le permite al titular explotar, beneficiar, fundir, refinar y aprovechar económicamente por un término de 75 años las substancias minerales que extraiga dentro del perímetro de su concesión. Y cada 25 años el concesionario estará obligado a someterse al régimen impositivo previsto por la legislación minera que rija en ese momento.
Unigold apenas comenzó en este 2022 el largo camino de evaluaciones para conseguir la explotación. Ya ese lo emprendió en 2015 la empresa GoldQuest para un proyecto minero subterráneo denominado Romero, a 165 kilómetros al oeste-noroeste de Santo Domingo, donde se estima que hay alrededor de 2.4 millones de onzas de oro equivalentes (sumando el valor del cobre y la plata, y convertidos en valor de oro).
En un estudio técnico económico del proyecto, preparado por la empresa en 2016, se anticipaba que, durante los ocho años de vida de la mina, se producirían 119 millones de libras de concentrado de cobre, 640 koz. (miles de onzas) de concentrado de oro y 434 koz. de concentrado de plata.
Al preguntarle al director de Minería qué hace falta para que Romero se comience a explotar, responde: “Muchas cosas”. “El Estado la evaluó y el Ministerio de Energía y Minas, y la Dirección de Minería la recomendaron, y está en un trámite burocrático”.
El pasado ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde (2016-2020), atribuye a que aún GoldQuest no tenga el permiso que debe aprobar la Presidencia de la República, a razones “eminentemente políticas y el predominio de fundamentalismo medioambiental”.
En sus memorias, publicadas en el libro Relatos de la vida de un desmemoriado, el exministro recuerda que, en 2018, el Ministerio de Energía y Minas sometió al Poder Ejecutivo el proyecto de resolución de la concesión de explotación del yacimiento de la Loma Romero, “iniciativa que cumplía con la ley vigente y era factible desde el punto de vista técnico, económico y financiero”.
Estima que aseguraba al Estado beneficios superiores al 40 % e iba a percibir 240 millones de dólares durante la vida útil del yacimiento de oro, plata, cobre, zinc y plomo, cuyo valor en 2018 se calculaba en 561 millones de dólares.
“Las exploradoras se han venido quejando -las empresas exploradoras de rango mundial que exploraban aquí- de que ahora mismo no tienen tanta posibilidad de solicitarle a sus inversionistas que les dediquen dinero, porque importantes proyectos que hicieron buenos hallazgos hoy están detenidos y no han podido pasar a la fase de explotación precisamente por la timidez o por la falta de diligencia y de decisión del gobierno”, dice Susana Gautreau, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Minera Petrolera (Camipe) y exviceministra de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas (2018-2020).
Diario Libre se mantuvo insistiendo para conversar con el representante de GoldQuest en República Dominicana, pero, a pesar de haberle remitido un cuestionario por escrito, la empresa no respondió. Tampoco se logró una declaración del Poder Ejecutivo.
“La gente en Romero no está opuesta, no puedo decir lo mismo de la provincia San Juan. En la provincia San Juan se han creado comités de oposición a la concesión”, dice Muñoz. Los que se oponen argumentan que se ponen en riesgo las fuentes de agua en la provincia y esto vendría en detrimento del desarrollo agrícola local.
La protesta más reciente se hizo en agosto pasado. Cuando el presidente Luis Abinader visitó San Juan, un grupo de comunitarios aprovechó para demandar la autorización de un estudio riguroso sobre el impacto medioambiental que dejaría la extracción. De determinarse que sí es viable, adelantaron que apoyarán el proyecto debido a los empleos que generaría para la comunidad.
Total ausencia de marco legal sobre pasivo ambiental minero en República Dominicana
Entre las 52 familias que residen en Villa Anacaona, la comunidad más cercana al proyecto minero que Unigold quiere explotar en Restauración, hay quienes alegan que la exploración ha provocado una seria escasez de agua en el pueblo, cuyos habitantes subsisten de la agricultura y ganadería en pequeña escala.
“Después de que esos mineros vinieron aquí, nosotros estamos secos de agua”, dice Yaniris Pérez, quien tiene 32 años en la comunidad. “Hicieron una pequeña toma por allá arriba; el agua se secó completamente y no tenemos agua para nada. Tenemos que ir al río (Libón) allá abajo, que es un río que está completamente contaminado”.
Al respecto, Ramón Tapia, gerente de Unigold en el país, responde que el acueducto de Villa Anacaona fue construido antes de la llegada de la empresa y durante años han demandado su ampliación. Conscientes del problema, en 2021 se hicieron acercamientos con organizaciones que permitieron que la fundación Nature Power diseñara una solución para la construcción de un acueducto por bombeo solar para la comunidad. Pero el proyecto sigue en carpeta.
Díaz, el viceministro de Minas, observa en su artículo que la sociedad dominicana no tiene cultura minera arraigada de países como Chile Perú, Bolivia, México y Colombia.
“Esta falta de cultura y conocimientos mineros -agrega-, la limitada educación por parte de los promotores de proyectos mineros, junto al temor natural a las cosas nuevas por parte del ser humano, ha hecho que recientemente se dificulte la aprobación de nuevos proyectos en la República Dominicana, a pesar de que la industria minera metálica representa una muy pequeña proporción del uso de la tierra”.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana ha expresado su rechazo al desarrollo de una minería agresiva, sin un marco jurídico adecuado y sin medir los alcances del impacto ambiental. Aunque está consciente de que esta industria es una fuente legítima de riquezas, ha observado que la explotación de los recursos debe hacerse dentro de un Plan Nacional de Ordenamiento del Territorio, con un marco jurídico actualizado y ambientalmente responsable.
Mariela MejíaJefa de Redacción de Diario Libre. Anteriormente, editora de Economía desde 2021. Se ha especializado en periodismo de investigación, multimedia y de datos, y ha sido docente de periodismo. Ganadora de una Mención Honorífica en el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), entre otros reconocimientos.