Realizan seminario sobre oportunidades para la construcción de una democracia participativa
La actividad fue organizada por el Defensor del Pueblo
Diario Libre
El Defensor del Pueblo realizó el seminario internacional sobre Ciudadanía Responsable, Participación y Control Social 2023, con la finalidad de explorar a fondo las oportunidades en la construcción de una democracia participativa enfocada en el empoderamiento de la población.
Según una nota de prensa, la actividad que se llevó a cabo en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, contó con la participación de expositores nacionales e internacionales.
El titular de la institución, Pablo Ulloa, destacó que el seminario se realiza en virtud del compromiso del Defensor con la educación, promoción, investigación y protección de los derechos de la población, enmarcados en la Constitución de la República.
Explicó que el panel se desprende de los recientes estudios “Ciudadanía responsable: sentidos, déficits e imaginarios" y "Sistemas de control social y auditoría ciudadana", en busca de potencializar la formación de un sistema nacional de control social a partir de experiencias positivas en América Latina.
“Este órgano constitucional ha explorado las oportunidades para construir una democracia participativa sólida y centrada en la dignidad de la persona humana, así como las potencialidades para construir un sistema nacional de control social efectivo, tomando en cuenta experiencias en diversos países de la esfera iberoamericana”, detalló Ulloa al público presente.
Asimismo, puntualizó que buscan con los expertos desarrollar una perspectiva académica de los elementos fundamentales que permiten avanzar en la meta, en el cual queden delimitados los mecanismos de participación y auditoría ciudadana sobre la gestión pública.
“Con las experiencias analizadas en estos estudios, así como las exposiciones y testimonios de los expertos invitados a este foro, estamos tomando en cuenta tradiciones institucionales, políticas y democráticas de países cercanos a nuestra realidad dominicana, pero con contextos distintos y que, por cierto, establecieron sus instituciones nacionales de derechos humanos u ombudspersons en contextos históricos bastante heterogéneos”, precisó el servidor público.
De igual modo, se refirió a la participación de las masas, la sociedad digitalizada y el bombardeo de desinformación, con el claro objetivo de identificar de manera preventiva los riegos de exclusión y discriminación, de una manera más sutil.
“Se trata de aquellas personas sin acceso a las tecnologías de la información adecuadas para el ejercicio de sus derechos ciudadanos en la actualidad o sin la preparación suficiente para discernir entre información y desinformación maliciosa”, puntualizó Ulloa.
Expositores
El foro contó con la participación de los conferencistas Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); Jonathan Granados, especialista legal del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo del Perú; Mónica Pérez, encargada del Observatorio de Gobernanza y Estado de Derecho del Defensor del Pueblo; Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista; Harold Modesto, secretario general Defensor del Pueblo; Katherine Rodríguez, encargada Departamento de Promoción Social de CONADIS; Erika Suero Feliz, estratega en derechos humanos y políticas públicas.
Además, María Lucía Fattorelli, coordinadora nacional de la organización “Auditoría de la Deuda Ciudadana” en Brasil; Jenny Torres, consultora e investigadora social; Mayrena Norberto Espinal, gerente de litigios y miembro de la World Compliance Association República Dominicana; Rey Ángel Fernández, director jurídico Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Patricia Santana, abogada constitucionalista; Priscilla Polanco, funcionaria instructora de sanciones de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; Sandra Hilario, de la Dirección de Control Social de Cámara de Cuentas; Pablo Vicente, encargado departamento desarrollo territorial de Contrataciones Públicas; Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCCO), entre otros especialistas.
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