Dictan 5 años de prisión a red que estafó al Estado con RD$5.2 millones a través de Banca Solidaria
La sentencia fue emitida contra Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias
Diario Libre
El Tribunal Colegiado de Monte Plata dictó cinco años de prisión en contra de una mujer y cuatro hombres hallados culpables de haberse asociados para defraudar al Estado dominicano con más de 5.2 millones de pesos a través del programa Banca Solidaria del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme).
La sentencia fue dictada en contra de Kisairy Elena Mieses Saturria, Víctor Alberto Alcántara Moreno (Quini), Francisco Manuel Bonaparte Figueroa y Cristian Manuel Santos Arias, informó este martes la Procuraduría General de la República en una nota de prensa.
El Ministerio Público fue representado por los procuradores fiscales José del Carmen García y Yalitza Martínez Acosta.
Los condenados fueron hallados culpables de violar las disposiciones de los artículos 147, 148, 151, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, "que castiga la asociación de malhechores para cometer un delito y falsificación, además de los artículos 10, 15 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana".
Mieses Saturria cumplirá la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los restantes cuatro lo harán en la Penitenciaria Nacional de La Victoria.
De acuerdo a la nota, Mieses Saturria, Santos Arias, Alcántara Moreno (Quini) y Bonaparte Figueroa se asociaron para para defraudar al Estado dominicano por un monto total de cinco millones, 202 mil, 967 pesos, simulando préstamos, los cuales eran retirados a través de los cajeros automáticos, por medio de tarjetas emitidas de manera fraudulentas.
La acusación
Según el expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público, tras el anuncio del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el viernes 9 de abril del 2021, que había desembolsado 26 millones 505 mil pesos para 280 micro, pequeños y medianos empresarios de toda la provincia de Monte Plata, los hoy condenados se aprovecharon para filtrar y mezclar los expedientes de 19 préstamos a nombres de personas vivas, fallecidas y condenadas a prisión, con todos los documentos, sellos y firmas falsas, incurriendo en la suplantación en el data crédito, suplantación de persona en las copias de las cédula, firmas falsas de los supervisores y de agentes de negocio que no estaban vinculados en la institución a la fecha de la elaboración de los mismos.
"Para dicho proceso, Bonaparte Figueroa buscó las 38 copias de cédulas que fueron utilizadas en la preparación de dichos préstamos, además, firmaba y llenaba los espacios en blancos conjuntamente con Santos Arias, este último, también buscaba en el sistema los códigos de empleados y exempleados de negocio de la institución, y mandó a hacer en Santo Domingo los sellos que usaron en los documentos", refiere el documento judicial.
Agrega que en el entramado fraudulento, Alcántara Moreno (Quini), Santos Arias y Bonaparte Figueroa digitaban e imprimían los formularios a nombre de estos empleados y exempleados de la institución, documentos que una vez impreso los formularios, lo borraban del sistema e incluso del reciclaje.
"Santos Arias, Alcántara Moreno (Quini) y Bonaparte Figueroa acordaron con Mieses Saturria, usando el código de otra colaboradora, emitir y activar 14 plásticos de forma consecutiva y con similares características a otras cinco emitidas por ella", dice la nota.
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Una vez emitidas las tarjetas, estos se las repartieron y acordaron retirar el dinero en diferentes cajeros, vestidos siempre usando ropa manga larga, oscura, cubre cabeza, gorras y mascarilla, a los fines de no ser identificados por las cámaras de los cajeros.
Con dicho objetivo alquilaron un vehículo en Santo Domingo para trasladarse hacia los distintos cajeros, también buscaron personas para que les hicieran retiros, movimientos que fueron descubiertos y probados por el Ministerio Público, que con su accionar, pudo evitar que los procesados retiraran tres millones, 35 mil, 676 pesos, de los más de ocho millones de pesos con los que pretendían defraudar al Estado dominicano.
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