Caso Calamar: Ministerio Público acusa a imputados de distraer más de RD$41 mil millones
Además del Estado, más de 190 personas se querellaron contra los exfuncionarios
Josefina Medina
Como un “holding criminal” definió el Ministerio Público la supuesta estructura montada para desfalcar al Estado dominicano por RD$41,185,964,839.76 durante el gobierno del expresidente Danilo Medina a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
Con Donald Guerrero, exministro de Hacienda a la cabeza, seguido de los “brazos ejecutores” José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y otros 31 imputados y 12 empresas, el Ministerio Público establece en su acusación de 3,662 páginas que se cometió una “mega operación” de lavado de activos y corrupción.
El organismo de persecución indica que el grupo imputado aprovechó los conocimientos que tenía sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal. Agrega que se falsearon documentos, se acorraló a suplidores, se falsificaron firmas de funcionarios y empresarios del sector privado.
Por citar algunos ejemplos, el Ministerio Público establece como un hecho que el exministro Donald Guerrero incluyó a la empresa creada por él y representada por su hijo, también imputado, Daniel Guerrero Mena -llamada Intercaribe Mercantil- de manera fraudulenta en el Programa de Créditos de Contratistas y Suplidores del Estado, así como a otras empresas para las que se erogaron RD$20,904,831,250.65.
Al empresario José Miguel González se le cita en el expediente como investigado por asociación con el exministro Guerrero para apropiarse del negocio de importación y venta de asfalto, expulsando del mismo a Mustafá Abu Naba’a.
Expropiaciones y reconocimientos de deudas
El organismo establece para las expropiaciones de terrenos, el supuesto grupo delictivo formó una "fuerza de tarea del crimen" que incluía la participación de profesionales en ejercicio privado con la función de tramitar los procesos judiciales y administrativos de determinación de herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord; con esos fines falsearon documentos públicos, para excluir herederos.
Además, señala que a lo interno de Hacienda se creó el “Programa o El Proyecto” que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
Establece que formaron una coalición de funcionarios para instaurar un esquema de soborno, logrando distraer sumas millonarias de las arcas del Estado, a través de acuerdos de reconocimiento de deuda a contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), por trabajos adicionales, incluso de obras cerradas, que el contratista no realizó, utilizando volumetrías falsas como una de las maniobras fraudulentas para lograr los pagos.
“El grupo constreñía a los supuestos reclamantes a firmar en su favor cesiones de créditos en base a deudas imaginarias, como condición sine qua non de la gestión del pago”, reza el expediente.
En total, en lo relativo a las expropiaciones y reconocimientos de deudas se hicieron pagos por un monto de 20,281,133,589 pesos, dice el Ministerio Público en la acusación.
La afectación a personas ligadas al sector privado a través de las operaciones fraudulentas establecidas por el Ministerio Público es lo que provoca que, por primera vez, en un caso de corrupción manejado por la actual gestión del organismo de persecución, más de 190 personas se han constituido formalmente como querellantes. Entre los querellantes figuran empresarios criollos y extranjeros, algunos de estos denunciaron la falsificación de sus firmas para la elaboración de documentos utilizados para la comisión de actos de corrupción.
Los imputados
Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel De Jesús Caamaño, Marcial Reyes, Ramón David Hernández, Yahaira Brito, Luis Miguel Piccirilo, Claudio Silver, Ángel Lockward, Aldo Gerbasí, Alejandro Constanzo, Ana Linda Fernández de Paola, Emir Fernández de Paula, Julián Omar Fernández, Oscar Arturo Chalas, Rafael Parmenio Rodríguez y Agustín Mejía Ávila.
Además, Rafael Calderón Martínez, Manuel Miqui, Rosa Arias, Marino Enrique Cabrera, Cesar Miguel Santana, Mabel Mejía Cintrón, Hathaly Hernández, Natividad Martínez, Kimberly Zayas, Manuel Morilla Soto, Manuel Morilla Gil, Princesa Alexandra García Medina, Roberto Moquete, y Daniel Guerrero.
Josefina MedinaPeriodista y locutora. Ejerce el periodismo desde el 2017. Tiene experiencia en medios televisivos, impresos y digitales.