Fracasa tercer intento de revisar coerción Adán Cáceres y demás imputados del caso Coral
El juez Raymundo Mejía advirtió que el próximo viernes 11 tendrá que conocerse la audiencia
Por tercera ocasión el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se vio en la obligación de aplazar la audiencia en la que se revisaría la medida de coerción al mayor general Adán Cáceres y demás implicados en el escándalo de corrupción destapado por la Operación Coral.
El juez hizo la advertencia a los imputados de que la próxima audiencia será conocida con las partes que estén presentes en el tribunal.
La audiencia fue pospuesta para el viernes 11 de la semana próxima, debido a que el imputado Alejandro José Montero Cruz (sargento de la Armada) cambió de abogado recientemente y pidió tiempo para tomar conocimiento del caso, a fin de hacer una defensa efectiva de su cliente, según explicó la fiscal Mirna Ortiz.
Además, el abogado Félix Portes, defensor del coronel policial Rafael Núñez de Aza, envió una excusa al tribunal por su ausencia.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) asegura en su expediente que la red liderada por Adán Cáceres desfalcó al Estado dominicano con millones de pesos durante los dos períodos de gobierno del expresidente Danilo Medina.
Supuestamente Adán Cáceres Silvestre creó un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Los imputados que guardan prisión preventiva desde mayo de 2021 son Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y su madre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez.
Mientras que están en arresto domiciliario el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, que colaboró con la investigación del Ministerio Público.
Al grupo se le acusa de asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción, entre otros delitos.
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